Portada » Marco Jurídico  »  Interpretación Sistemática de la Ley

Interpretación Sistemática de la Ley

“El asunto que en esta oportunidad se presenta a consideración de la Corte es un buen ejemplo de aquellos casos en los que el proceso mediante el cual se pretende aplicar una norma de derecho, ha de hacerse mediante la integración sistemática de diversos preceptos que regulan un mismo evento. De nada sirve el ejercicio de interpretación que se reduce a los límites de una sola disposición -vgr. El artículo acusado-, cuando la adecuada compresión de dicho precepto depende de la integración de artículos contenidos en otras regulaciones. El ordenamiento jurídico presenta con frecuencia normas incompletas, cuyo contenido y finalidad deben articularse junto a otras reglas; sólo de este modo es posible superar supuestas incongruencias al interior de un orden normativo. La integración de normas jurídicas, por virtud de la remisión que hace una de ellas, sólo es concebible en la medida en que dicha operación completa el sentido de disposiciones que dependen mutuamente para su cabal aplicación. No se trata de una manera analógica de interpretar el derecho, o de extender el imperio de alguna disposición a asuntos no contemplados por el ordenamiento legal” Sentencia C-569/00 SENTENCIA DEL 17 DE MAYO DE 2000. CORTE CONSTITUCIONAL INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE NORMA LEGAL Integración de artículos/NORMA LEGAL-Integración por remisión. Mag Carlos Gaviria Diaz.

Ahora bien, aterrizando al asunto que nos compete, es claro que no se tiene una regulación directa y explicita sobre el manejo y administración de los recursos de Regalías en relación con los Resguardos Indígenas como tal; pero evidentemente en tratándose de la misma naturaleza, es decir recursos del Estado destinados a inversión en los pueblos indígenas, como es el caso de los Recursos de Transferencias del Sistema General de Participación; es obvio que el legislador y la institucionalidad estatal ya estableció claramente el tratamiento jurídico administrativo que se le debe dar a estos recursos. Para ello expidió una serie de leyes y decretos que orientan específicamente ello.
Es en este sentido que tratándose de los recursos de Transferencias para asuntos indígenas, se colige que su naturaleza es la misma que el de las Regalías y por lo mismo, teniendo en cuenta los argumentos expresados anteriormente (El Derecho como Realidad Hermenéutica, y la interpretación sistemática de la Ley), se colige que la forma de administración en estos dos casos, siguen los mismos conductos legales previstos, también teniendo en cuenta que en los principios generales del Derecho, se entiende que cuando existe un vacío en la ley se acude a otras que puedan suplir desde la legalidad el asunto en comento. A continuación se presentan algunas de las normas referidas:
 Artículo 357 de la Constitución.
 Artículos de la ley 60 de 1993.
 Decreto 1809 del 13 de Sep de 1993.
 Decreto 1386 de 1994.
 Decreto 1088 de 1993.
 Decreto 2680 de 1993. Art 14 al 23.
 Decreto 840 de 1995.
 Art 120 del Decreto 111 de 1996.
 Art 184 de la Ley 223 1995.
La Corte Constitucional en su sentencia C-921 del 2007:

“La Corte reiteró la línea jurisprudencial trazada en materia de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural como principio constitucional y fundamento de la nacionalidad colombiana. (arts. 7 y 70 C.P.). Destacó que esa especial protección se traduce en el deber de adelantar procesos de consulta con las comunidades indígenas y tribales para la adopción y la ejecución de decisiones susceptibles de afectarlas, deber que es expresión y desarrollo del artículo 1º de la Constitución, que define a Colombia como un Estado democrático, participativo y pluralista; del artículo 2, que establece como finalidad del estado la de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan; del artículo 7 superior, que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural; del 40-2, que garantiza el derecho de todo ciudadano a la participación democrática y del artículo 70 que considera la cultura fundamento de la nacionalidad. En ese marco, la Corte recordó que, en cuanto hace a los pueblos indígenas y tribales, una de las formas de participación democrática previstas en la Carta, es el derecho a la consulta, previsto de manera particular en los artículos 329 y 330 de la Constitución, que disponen la participación de las comunidades para la conformación de las entidades territoriales indígenas y para la explotación de los recursos naturales en sus territorios. Este derecho tiene un reforzamiento en el Convenio número 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991, el cual está destinado a asegurar los derechos de los pueblos indígenas a su territorio y a la protección de sus valores culturales, sociales y económicos, como medio para asegurar su subsistencia como grupos humanos. Como lo ha señalado la jurisprudencia de manera reiterada, dicho Convenio forma parte del bloque de constitucionalidad y en su artículo 6º, dispone que los gobiernos deberán “a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Para el caso en referencia del Convenio 169 de la OIT, que es plenamente vigente en Colombia extractamos este artículo en especial:
Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a un ACUERDO O LOGRAR EL CONSENTIMIENTO acerca de las medidas propuestas”.
De tal forma que para la ejecución de los recursos y sus proyectos, estos deben ser aprobados en conjunto con la Administración Municipal y la Autoridades del Resguardo, sin perder evidentemente la capacidad de control y veeduría a la vez en ambos casos.
Estos elementos van relacionados y fortalecidos a un más basándose en el principio del respeto a la AUTONOMÍA, principio central constitucional para los pueblos indígenas que fortalece su pervivencia: ello ratificado en la sentencia C921-2007:
Cabe recordar, que si bien no existe un mecanismo fiscal que permita el giro directo de recursos del Sistema General de Participaciones a los resguardos indígenas, requiriéndose para ello la intermediación de los municipios, ello no significa que los resguardos indígenas pierdan el derecho a preservar su identidad étnica y cultural y por ende su autonomía, así como el derecho de participación en los asuntos que les conciernen.
En efecto, dado que los recursos respectivos del SGP son de los resguardos indígenas, para que el contrato de intermediación a que alude la norma demandada se ajuste a la Constitución debe ser un mecanismo que garantice tanto el derecho de participación de los pueblos indígenas como su autonomía. De manera que, la determinación del uso de los recursos que se plasmará en el contrato a que alude la citada norma, debe consultar el interés propio de dichos grupos y comunidades indígenas expresado a través de sus autoridades debidamente constituidas.
Así, el contrato que debe celebrarse entre la entidad territorial y las autoridades del resguardo, debe sujetarse a la Constitución y a la ley; por tanto, no le corresponde a los municipios la determinación del uso de los citados recursos, ni pueden, en ningún caso, hacer un uso discrecional de los mismos. La determinación del uso de los recursos, que le corresponde a las comunidades y grupos indígenas, debe ser anterior a la administración de los recursos, como lo indica la norma demandada; es decir, el convenio definirá el uso de los recursos en el año siguiente, pues se trata de un contrato previo a cada vigencia fiscal, mecanismo que así entendido garantiza el derecho de participación de los pueblos indígenas así como su autonomía.
Lo anterior por cuanto, de conformidad con la Constitución, no pueden desconocerse las tradiciones y costumbres en materias como la salud y las educación de los grupos y comunidades indígenas; por lo que, para la administración de los recursos que se les asignen como beneficiarios en el Sistema general de Participaciones, para el cubrimiento de sus necesidades básicas, debe contarse con su participación efectiva, de conformidad con la Constitución, las normas internaciones y la ley, lo que excluye que se tomen decisiones al solo arbitrio de la entidad municipal; y que, de existir discrepancia entre ésta y aquellos, deba prevalecer la decisión adoptada por el respectivo resguardo indígena.
Al respecto cabe recordar, que en el Convenio 169 de la OIT, artículo 7º, se insiste en la necesidad de habilitar a los pueblos indígenas para que participen “en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.” Y que, los planes de desarrollo económico global de las regiones habitadas por los pueblos indígenas deben prever de manera prioritaria “el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación.”
RESUELVE:
“Primero: Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el inciso segundo del artículo 83 de la Ley 715 de 2001, en el entendido de que, dentro del marco de la Constitución y la ley, en el proceso de celebración y suscripción del contrato se debe asegurar el respeto de los derechos a la identidad étnica y cultural y a la participación de los resguardos; y, en caso de discrepancia sobre el uso de los recursos, prevalecerá la decisión adoptada por las autoridades del respectivo resguardo.”

Además de ello debe tenerse en cuenta que en tratándose de asuntos indígenas, todos los bienes y servicios para dicha población, deben ser desarrollados según su cultura y diversidad étnica, de tal forma que por ejemplo es necesario primero establecer ¿que significa la salud para ellos?, la educación?, los modelos de desarrollo y producción?, sus hábitat y viviendas? sus formas autonómicas organizativas, su justicia?, de lo cual se interpreta que para cada proyecto o subsector de inversión se hace con criterios diferentes a la racionalidad occidental estatal y administrativa, por ello mismo se debe buscar otras formas de regulación normativa, de su interpretación creativa en su aplicación para no vulnerar estos principios especiales que son así mismo legales, estatales.
Es en este sentido que el Cabildo del Resguardo propone poder contratar especialmente lo atinente a sus elementos culturales propios, y que en su caso solo ellos mismos conocen y tienen la experticia pues proviene de su saber ancestral, en este caso los aspectos de Etnoeducación, sistemas de Salud Propia, sistemas productivos tradicionales, y demás aspectos derivados de sus usos y costumbres; de tal manera que este mismo ejercicio permita el empoderamiento de sus organizaciones; además ello protegido en lo que en numerosos pronunciamientos las Corte Constitucional ha denominado “El Enfoque Diferencial Etnico” es decir que en cada caso y proyecto, se debe tener en cuenta la Diferencia Cultural de los pueblos indígenas, de tal forma que los proyectos de inversión, que afecten directamente sus usos y costumbres debe ser consultado, de tal forma que no se afecte negativamente estos valores culturales; es por ello que los mismos pueblos indígenas son los más aptos para desarrollar, orientar y ejecutar este tipo de proyectos. Ello lo ratifica el Auto 004/09 de la Corte Constitucional:
Segundo.- DECLARAR que el Estado colombiano está en la obligación doble de prevenir las causas del desplazamiento forzado de los pueblos indígenas, y atender a la población indígena desplazada con el enfoque diferencial que para ello se requiere. En consecuencia ORDENAR a los mismos funcionarios enunciados en el siguiente numeral que diseñen e implementen, dentro de sus respectivas órbitas de competencia, un Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas Afectados Por el Desplazamiento, con el nombre que los responsables gubernamentales estimen aconsejable ponerle. Este programa deberá ser adoptado, junto con un cronograma para su implementación y seguimiento, dentro del término de seis (6) meses siguientes a la notificación de este auto, y deberá contener componentes de prevención y atención así como respetar los criterios de racionalidad constitucional en las políticas públicas mencionadas en el presente auto y en otros donde se ha ordenado incluir un enfoque diferencial, en este caso en cumplimiento del principio de diversidad etnocultural. En el diseño de este programa se aplicarán los parámetros constitucionales de participación de las organizaciones que abogan por los derechos de los pueblos indígenas, así como de líderes de los pueblos indígenas más afectados por el desplazamiento.
De esta forma en el contexto del Derecho en el Estado Social de Derecho, se ha venido construyendo y desarrollando mecanismos de interpretación normativa, precisamente para adecuarse con mayor objetividad a la diversidad de situaciones y para este caso al mundo indígena. Los cuales se podrían enunciar:
 El Derecho como una Realidad Hermenéutica,
 La interpretación sistemática de la Ley,
 La prevalencia del Derecho substancial frente al formal,
 Estado Garantista: La preponderancia que en el ESD, prevalecen los principios constitucionales ante cualquier conflicto normativo en su aplicación (Art 4º CP).
 La discriminación Positiva de la Ley,
 La excepción de inconstitucionalidad
Además existe un conjunto de elementos jurídicos que interpretados positivamente se denominan “Acciones Afirmativas Positivas” que coadyuvan a adelantar un ejercicio directo de contratación entre las entidades del estado y las instituciones de los pueblos indígenas”2

————–

2Rincón, Nelson. Marco de interpretación jurídica frente a la administración de recursos de transferencias y el Sistema General de Regalías